Suspendieron la audiencia donde iban a resolver si hacían lugar al juicio abreviado del profesor que abusó de su alumna

“No tenemos más que esperar a la resolución”, dijo pasado el mediodía Pascual Celdrán, el abogado querellante en la causa contra Víctor Hugo Figueroa, el profesor de básquet que abusó de una alumna (cuando tenía 5 años) en 2021. El imputado pidió el juicio abreviado, y hoy debía comunicar si hacían lugar.

Estaba previsto que este  mediodía los jueces Daniela Estrada, Mauro D’Agata Henríquez y Fernando Julio de Viana comunicaran si el procedimiento era admisible o no. Por eso hasta el Poder Judicial se acercaron los papás de la víctima, familiares y amigos. Al final se fueron indignados.

Tanto Estrada como D’Agata Henríquez son parte del Tribunal en el debate oral por el homicidio de Mafalda Sánchez, que hoy retomó pasadas las 10:43 pero que pasadas las 13 se suspendió porque no pudieron ubicar a dos testigos relevantes para la causa. Atento a esto es que no pudieron expedirse sobre qué pasará en el proceso contra Figueroa.

Celdrán expuso que “históricamente no se daban los juicios abreviados por abusos sexuales”, y que en al menos una ocasión cuando se solicitó por un abuso simple (tres años en suspenso), “la defensora de menores se opuso y no lo aceptaron”.

“Ahora estamos hablando de delitos muy graves, abuso sexual con acceso carnal, agravado porque era una menor, porque estaba en guarda, y la edad de la víctima que debe ser tenida en cuenta para mensurar la pena”, aseguró, y además aportó que en los últimos fallos por hechos con esta calificación “no han sido menos de 16 o 17 años”.

Aportó que está acreditado que el profesor le mostró desde el teléfono material pornográfico, y por el delito de corrupción de menores.

“Parece ser que el único incentivo que tienen es no realizar este juicio oral y no estamos de acuerdo, como lo dijimos ayer en la audiencia, y si me dicen que es admisible voy a interponer un recurso”, completó.

Insistió que el requerimiento es la realización de un juicio “no solo para que le impongan una pena más justa a la conducta desplegada, sino para que se dirima si no hay otro agravante que es el daño en la salud psíquica de la menor que todavía está en tratamiento psicológico”.